HONG KONG. Las protestas violentas contra la Organización Mundial de Comercio (OMC) que convirtieron ayer la calle en una batalla campal se saldaron con 900 detenidos y más de 41 heridos. Un portavoz policial indicó que los activistas bajo custodia oficial, en su mayoría surcoreanos e indonesios, serían trasladados a la prisión Victoria, un recinto carcelario que se ubica en pleno centro de Hong Kong.

Los problemas comenzaron cuando más de 300 manifestantes que rodeaban el centro de convenciones intentaron entrar en el interior del edificio, lo que hizo que las furzas de seguridad se tuvieran que emplear a fondo.

En el operativo de seguridad desplegado participaron más de 2.000 oficiales que hicieron uso de gases lacrimógenos, espuma de mostaza y mangueras de agua para repeler a los cerca de 300 manifestantes que intentaban llegar al Centro de Convenciones, donde los miembros de las 149 delegaciones intentan salvar los muebles de la Ronda de Doha.

La justicia de Hong Kong les procesará después y, aunque no precisaron cuando comenzarían los juicios, otras fuentes oficiales aseguran que «van a pasar mucho tiempo en la cárcel». Asimismo, indicaron que en la manifestación de hoy esperan menos enfrentamientos porque los más violentos están bajo vigilancia policial.

Por su parte, el activista hondureño Rafael Alegría indicó que la ONG Vía Campesina «se está planteando presentar una denuncia internacional» contra las autoridades de Hong Kong por su actuación.

Firmeza europea

Ya en el interior del Centro de Convenciones, el director general de la OMC, Pascal Lamy, dio ayer una de cal y otra de arena con un proyecto de declaración que intenta salvar la reunión ministerial de Hong Kong del fracaso total.

Lamy puso negro sobre blanco la fecha del «2010» ó «5 años después de la entrada en vigor de la Ronda de Doha», aunque entre corchetes, lo que significa que la Unión Europea duda aceptar esta fecha para empezar a desmantelar los 2.500 millones de dólares que concede en subsidios a la exportación de productos agrícolas, terriblemente injustos para los exportadores del tercer mundo.

La adopción el viernes del presupuesto europeo para el periodo 2007-2013, que incluye una cláusula de revisión de los gastos comunitarios a partir de 2008, quizá permita cambiar los ánimos de los negociadores comunitarios, aunque los gastos de la Política Agrícola Común están asegurados hasta 2013, fecha que podría coincidir con una reforma.

Pascal Lamy recoge también una de las reivindicaciones de los países en vías de desarrollo, que podrán reducir sus respectivos aranceles a la importación de productos industriales respetando un «equilibrio» entre los productos agrícolas e industriales, o sea que les permite vincular esas deducciones a las concesiones que hagan los países ricos en agricultura. AGENCIAS